Según el estudio de la consultora Zentrix, elaborado en base a 1.559 casos durante el 11 y el 18 de abril, dos tercios consideran que el pacto “anti-casta” se rompió y que el propio gobierno terminó integrando aquello que prometía combatir. El dato refleja un cambio de percepción amplio: la narrativa que funcionó como eje de legitimidad comienza a perder credibilidad.
«El discurso anti-casta había funcionado como un mecanismo de compensación simbólica: podía justificar costos, ajuste y malestar bajo la idea de que al menos se estaba limpiando el sistema. Cuando esa creencia se debilita, el sacrificio material pierde parte de su sentido político, y el ciudadano deja de interpretar el sufrimiento como parte de una transformación para empezar a verlo como otro capítulo de reproducción del poder tradicional», analiza la consultora en sus conclusiones.
La investigación también indaga sobre la percepción de corrupción. El 57,3% cree que existe corrupción generalizada en la gestión y el 60,2% interpreta las denuncias como un problema estructural, no como ataques políticos. En paralelo, el 66,6% considera que el gobierno de Milei no está comprometido con prevenir estos hechos. La consecuencia es directa: el diferencial ético que distinguía al oficialismo comienza a diluirse.
