El resultado electoral le abrió a Axel Kicillof un escenario impensado tiempo atrás: a partir de diciembre, el oficialismo tendrá 24 bancas del Senado. Ese número representa la mayoría absoluta que exige la Constitución provincial para el nombramiento de jueces en la Suprema Corte de Justicia.
Es decir, el mandatario tendrá la posibilidad de completar el máximo órgano de poder judicial de la provincia de Buenos Aires sin necesidad de negociar con la oposición. La Suprema Corte funciona hoy con tres integrantes. Además, se le allana el camino para la designación del subprocurador general, vacante desde hace años, y para remover al procurador Julio Conte Grand, apuntado desde el peronismo como el mayor “resabio” de la gestión de María Eugenia Vidal en ese ámbito.
La integración de la Suprema Corte es una deuda de la política bonaerense que atravesó varias gestiones. La diferencia, ahora, es que Kicillof tiene la llave para saldarla. No se trata de una deuda contraída por él, pero sí de un problema estructural que golpea la institucionalidad de la Provincia.
Desde el 10 de diciembre, el gobernador tendrá la oportunidad de reconfigurar el mapa judicial bonaerense como ningún antecesor lo hizo en las últimas décadas.
La pregunta que sobrevuela en los pasillos de la Legislatura y de la Casa de Gobierno es si Kicillof se animará a usar ese poder sin concesiones o si, aun con la mayoría en la mano, buscará tejer algún nivel de consenso para evitar la confrontación total con la oposición y el Poder Judicial.
Lo cierto es que el “número mágico” está sobre la mesa. Y con él, la posibilidad de un rediseño profundo del sistema judicial de la provincia más grande del país.
