El viaje de Karina Milei a Salta y la postergación de la mesa política
La visita relámpago de Karina Milei y Diego Santilli a la provincia de Salta dejó al desnudo mucho más que una foto con el gobernador local, Gustavo Sáenz. El movimiento no solo expuso los cortocircuitos profundos que atraviesan a La Libertad Avanza en el interior del país, sino que tuvo un costo político inmediato en la Casa Rosada: la suspensión sorpresiva de la reunión de la mesa política nacional.
La postal en suelo salteño mostró a la secretaria General de la Presidencia y al diputado nacional llevando a cabo un acuerdo con Sáenz y realizaron guiños hacia otros mandatarios provinciales como Raúl Jalil. Sin embargo, detrás del armado protocolar, el costo interno fue alto: el mileísmo salteño más duro, el sector no acuerdista que rechaza los pactos tradicionales con la «casta» provincial, pegó el faltazo y marcó una fractura que se repite en distintos distritos.
Mientras el oficialismo nacional busca blindar acuerdos de gobernabilidad y baraja la posibilidad de un desdoblamiento electoral que ordene su estrategia de cara a lo que viene, las bases propias crujen. La idea de sumar volumen político con gobernadores provinciales choca de frente contra el relato fundacional de pureza ideológica que el espacio pregonó desde el día uno.
La prueba más clara de que la jugada en Salta movió el tablero interno fue la decisión del Ejecutivo de postergar el cónclave de la mesa política que debía realizarse en Buenos Aires. Las tensiones sobre cómo estructurar las alianzas territoriales, quién maneja el armado de las listas y hasta dónde se negocia con los mandatarios provinciales sin romper el propio bloque generan un desgaste silencioso pero constante.
El ala dura del oficialismo observa con recelo estos acercamientos, evidenciando que la ampliación territorial de La Libertad Avanza no se da por orden natural, sino a fuerza de rosca tradicional y fracturas locales que la cúpula nacional intenta tapar con acciones improvisadas. A esto se le suma que la necesidad imperiosa de conseguir votos y estructura en las provincias obliga a la cúpula libertaria a mandar al frente a figuras de extracción tradicional como Santilli, generando un cortocircuito inevitable con aquellos dirigentes puros que apostaron por romper el sistema y hoy ven cómo se reciclan los viejos vicios de la política para sobrevivir en el mapa federal.
La Corte Suprema convoca a conjueces y recalienta el debate sobre la Ley de Tierras del DNU 70/2023
En paralelo al tablero político territorial, la disputa judicial en torno a las reformas del Gobierno sumó un capítulo de máxima tensión institucional. La Corte Suprema de Justicia resolvió convocar a dos conjueces para intervenir en una nueva demanda contra la Ley de Tierras, reflotando el debate de fondo sobre la derogación de la norma dispuesta por el DNU 70/2023.
La decisión de sumar conjueces no es una muestra de prolijidad por parte del judicial, sino el síntoma más claro de un tribunal atravesado por parálisis, especulaciones internas y vacancias que se cajonean o se mueven según la conveniencia del momento. En el centro de la discusión vuelve a ubicarse el impacto de la desregulación sobre la extranjerización de tierras rurales y los recursos estratégicos del país. Mientras sectores del máximo tribunal mueven los tiempos judiciales a piacere, la causa se convierte en un terreno minado donde la legalidad del superdecreto libertario se pone a prueba, dejando en evidencia cómo la cúpula judicial opera muchas veces como un actor político más que mide el costo de sus fallos según el viento de la coyuntura.
La flexibilización de la Ley de Tierras, buscada por el oficialismo para supuestamente atraer inversiones y liberar mercados, choca de frente con los reclamos históricos de soberanía sobre los recursos naturales, el cuidado de las fronteras productivas y la resistencia de organizaciones sociales y políticas que ya se vienen manifestando frente a Tribunales.
La designación de conjueces no hace más que reflejar las tensiones y las vacancias que atraviesan al máximo tribunal frente a una medida de profunda trascendencia institucional. Mientras el oficialismo intentó modificar las reglas de juego por decreto sin pasar por el debate parlamentario, la respuesta del Poder Judicial se empantana en demoras y especulaciones sobre los tiempos procesales. La discusión de fondo no pasa por cuestiones económicas, sino por la defensa de la soberanía sobre los recursos estratégicos, el control de las fronteras productivas y el rechazo de las organizaciones sociales que cuestionan la habilitación de tierras a capitales extranjeros. La intervención de estos jueces suplentes deja al descubierto la precariedad jurídica de una decisión que pretendió anular normativas históricas de un plumazo, obligando a la administración central a lidiar con un flanco judicial inestable. De esta manera, el tribunal no se limita a resolver un expediente administrativo, sino que dilata una definición clave para no asumir el costo político de frenar las facultades extraordinarias del Ejecutivo o convalidar un avasallamiento institucional sin precedentes.
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Belén Capace.
