La expresidenta Cristina Kirchner publicó una extensa carta abierta titulada «El costo democrático de la politización de la justicia». En el documento, la titular del PJ no solo ratifica su inocencia tras la condena por la causa Vialidad, sino que anuncia una contraofensiva legal en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante lo que considera una persecución política coordinada por el Poder Judicial, fenómeno que —según denuncia— se agudizó en el actual clima político del país.
La exmandataria vincula directamente su situación judicial con una estrategia de»proscripción» que busca excluirla del mapa electoral. Según sus palabras, el trasfondo de las sentencias en su contra no responde a criterios jurídicos, sino a un intento de disciplinamiento político. «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria», subrayó en la misiva. Para CFK, esta maniobra no solo la afecta a ella, sino que «constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina» al arrebatarle al pueblo la posibilidad de elegir.
Uno de los puntos salientes de su misiva es la denuncia de un sesgo de género en la justicia. Kirchner sostiene que las violaciones a sus derechos nacen de un «machismo estructural» y que fue juzgada no solo por sus políticas, sino fundamentalmente por su condición de mujer. En este sentido, planteó una pregunta retórica cargada de ironía sobre su lugar en la historia: «Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?».
