Hoy las universidades nacionales vuelven a Plaza de Mayo. Será la cuarta edición de la movilización federal contra el gobierno de Javier Milei: rectores, estudiantes, gremios, peronismo, UCR e izquierda se unen para exigir el cumplimiento de una ley que lleva 200 días sin aplicarse, con los salarios en el piso histórico.
El reclamo tiene un eje central: que el gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La norma establece la actualización por inflación del presupuesto de las casas de estudio, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Fue sancionada por el Congreso y vetada por Milei, un veto rechazado por ambas cámaras con mayoría amplia. El Poder Ejecutivo la suspendió por decreto de todas formas. Este martes se cumplen 200 días desde que la ley debería estar en vigencia plena.
Desde que asumió Javier MIlei, las transferencias a las universidades nacionales cayeron un 45,6% en términos reales. Los salarios docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo de 33,6% desde diciembre de 2023: para recomponer lo perdido, deberían subir más del 50%. En ese período, la inflación trepó 293% mientras los haberes aumentaron apenas 160%. Son los peores salarios universitarios de los últimos 23 años.
La ley tuvo un derrotero largo antes de llegar a este punto. El Congreso la aprobó, Milei la vetó en octubre de 2024, las dos cámaras rechazaron ese veto con más de dos tercios de los votos. El Ejecutivo la suspendió por decreto igualmente, argumentando que su aplicación comprometía el equilibrio fiscal. En diciembre intentó derogarla a través del Presupuesto 2026 y no consiguió los votos. En febrero presentó un proyecto alternativo que recorta los puntos centrales de la norma: ofrece un aumento de 12,3% en tres cuotas frente al 50,6% que establece la ley vigente. Ese proyecto tampoco avanzó en el Congreso.
