El FGS al rescate de los bancos: créditos hipotecarios con la plata de los jubilados:
El gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Economía Luis Caputo, anunció con bombos y platillos una nueva línea de créditos hipotecarios. El titular suena a una buena noticia para la clase media asfixiada, pero cuando se raspa un poco la superficie, la medida expone una transferencia de recursos brutal. El plan oficial consiste en destinar 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para que los bancos privados otorguen estos préstamos. Sí, así como se lee: en un contexto donde las jubilaciones están en niveles de pobreza extrema, el Gobierno usa la plata de los jubilados para fondear a las entidades financieras.
La mecánica de la medida es perversa por donde se la mire. El FGS no le prestará directamente a las familias, sino que colocará esos recursos en los bancos a través de licitaciones de plazos fijos con vencimientos a uno y cinco años. La primera licitación será inminente y por 200.000 millones de pesos. Es decir, el Estado asume el rol de garante del fondeo bancario para que los privados hagan su negocio sin ningún esfuerzo. Las entidades financieras se aseguran la liquidez a largo plazo y luego salen a ofrecerle a la gente un crédito indexado por UVA, con un tope de tasa de interés del 7,5% anual. El riesgo cambiario e inflacionario siempre recae sobre la espalda del trabajador que se endeuda a 15 años, el plazo mínimo exigido por la norma.
Caputo se animó a hablar de «justicia social» durante el anuncio. Sin embargo, los números reales desarman rápidamente el relato: con un monto máximo equivalente a 150.000 UVAs por crédito, el propio Gobierno estima que alcanzará apenas a unas 17.000 o 18.000 familias. Estamos hablando de una gota de agua frente al colosal déficit habitacional de la Argentina. Presentarlo como una solución estructural para reactivar el mercado inmobiliario y garantizar el acceso a la vivienda es, como mínimo, un acto de profundo cinismo.
Mientras los ingresos formales continúan perdiendo por goleada frente al costo de vida, el Gobierno festeja la reactivación de un modelo crediticio que ya demostró ser una trampa explosiva en el pasado reciente. Acá la verdadera novedad no es el crédito, sino el origen de los fondos: el Estado libertario dinamita las cajas de la seguridad social y las utiliza como subsidio encubierto para garantizarle a la banca un negocio redondo. Se trata de una redistribución de la riqueza desde los jubilados, el sector más castigado por el ajuste, hacia el sector financiero más concentrado.
Reforma del BCRA: el corsé al Estado y la llave para empeñar las reservas:
En otra batalla legislativa, esta semana el oficialismo logró una victoria clave: la Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) con 144 votos a favor. Javier Milei no tardó en salir a festejar en sus redes sociales, celebrando el resultado de la votación como «un paso fundamental para erradicar a la inflación». La iniciativa, que ahora deberá probar suerte en el terreno incierto del Senado, busca prohibir terminantemente la emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional, eliminando de raíz cualquier mecanismo de asistencia directa o adelantos transitorios. A simple vista, el discurso oficial vende una imagen de «independencia» institucional. Sin embargo, la letra chica expone un diseño institucional hecho a la medida del ajuste.
El proyecto de ley establece de forma taxativa que el objetivo único y excluyente de la autoridad monetaria será preservar el valor de la moneda, eliminando mandatos históricos y constitucionales como la búsqueda del pleno empleo, la equidad social o el desarrollo económico. Además, se prohíbe expresamente la transferencia de utilidades contables o ganancias generadas por diferencias de cambio al Tesoro. Es un corsé ideológico diseñado milimétricamente para maniatar al Estado, impidiendo que pueda aplicar cualquier política contracíclica frente al brutal enfriamiento de la economía.
Pero la trampa más preocupante de esta reforma se encuentra escondida en un artículo específico que ya encendió las alarmas de la oposición y de varios analistas económicos. El texto establece la declaración de las reservas del BCRA, incluyendo las tenencias de oro, como «inembargables». Lejos de ser un escudo para proteger el patrimonio nacional, este andamiaje legal pavimenta el camino para utilizar esos activos físicos como garantía soberana en operaciones de toma de nueva deuda externa. En términos prácticos, están preparando el terreno normativo para poder empeñar el oro y las divisas del país en el extranjero.
Para que esta reforma lograra avanzar en el recinto, fue fundamental el silencio cómplice y la ayuda explícita de un sector de la oposición dialoguista y de los gobernadores, quienes priorizaron negociar caja y fondos frescos a cambio de gobernabilidad legislativa. Como moneda de cambio, el oficialismo aceptó no realizar modificaciones en la composición ni en los mandatos actuales del directorio del BCRA, garantizándose el control absoluto de la entidad.
En definitiva, la dupla de Milei y Caputo consiguieron dar el primer paso para instalar un instrumento financiero letal: le prohíben por ley al Estado financiarse para sostener su andamiaje productivo interno, pero simultáneamente se desatan las manos para buscar endeudamiento internacional riesgoso poniendo al patrimonio de la Nación como prenda. Es la legalización del vaciamiento bajo el disfraz de la «solidez institucional».
